Abstract

El deporte moderno y sus estructuras han vivido y siguen viviendo en una situación, autoconsentida y en muchos casos querida, de marginación jurídica. El desarrollo legislativo del deporte en nuestro país es escaso, relativamente nuevo y muy incompleto, en comparación con las legislaciones de los países europeos y americanos. El movimiento olímpico ha favorecido esta situación, porque ya desde su filosofía originaria se buscó siempre la total independencia, una autonomía normativa y una separación clara entre la sociedad civil y los poderes públicos. La idea predominante de la época en que nace defiende que el deporte tiene que regularse por sus propias normas y bajo ningún concepto o pretexto debe existir una intervención estatal en un sector de la sociedad que es totalmente privado. La propia dinámica social posterior conlleva una demanda a los poderes públicos para la creación de servicios públicos y junto con la creciente popularidad y desarrollo económico que ha tenido el deporte ha hecho irreversible el proceso de intervención y regulación de la vida deportiva, tanto en los aspectos de relación externa con terceros, como en su propia vida interna. Evidentemente, el dualismo entre ambas tendencias existe aún hoy porque las dos surgen de postulados distintos, fruto de las diferentes concepciones de la estructura del Estado y del papel de los poderes públicos, pese a ello es constatable que cada día las Administraciones públicas implicadas pretenden regular con mayor precisión el complejo mundo deportivo, unas veces extralimitándose en sus competencias y en otras, como en el caso que nos ocupa, incurriendo en una notable laguna jurídica. No puede ser objetivo de este artículo la discusión sobre la oportunidad e incluso la legitimidad de los poderes públicos para la regulación de la vida privada, pero sí debe constatarse que España es uno de los países europeos, junto con Portugal, donde la intervención pública en el aspecto normativo del deporte es menor.